Margarita Martínez. El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Madrid ha admitido a trámite el recurso presentado por los grupos municipales de PP e Iniciativa por Aranjuez -In-par- contra el decreto de los sueldos dictado por la alcaldesa del PSOE, Cristina Moreno, en julio pasado.
Dicho decreto suponía la aprobación de asignaciones económicas solo para los 7 concejales del Equipo de Gobierno socialista, mientras que se dejaba sin cobrar a los de la oposición hasta que hubiera un acuerdo de pleno, que aun no se ha celebrado.
No obstante, la alcaldesa manifestó que se ingresarían 1.000 euros en la cuenta de cada portavoz y 600 en la del resto de ediles de la corporación, algo que tampoco se ha materializado, ya que solo se han realizado dos ingresos al concejal del PP, Javier Lindo, y otro a la número 2 de In-par, Elena Bernal, habiendo reingresado ambos en la caja del Ayuntamiento la cuantía recibida, ya que los grupos de la oposición anunciaron en su día que si recibían dinero en sus cuentas lo devolverían por considerarlo ilegal.
La admisión a trámite del recurso presentado por PP e In-par, ya que el resto de grupos renunciaron a la vía judicial, supone que el Gobierno Municipal tendrá que remitir al juez una serie de documentos en el plazo de veinte días.
Asimismo, el juzgado ha admitido una pieza separada en la que se solicita la suspensión del decreto, teniendo el Ayuntamiento que enviar documentación en díez días.
La portavoz del PP, María José Martínez, ha declarado que "lo que hizo la alcaldesa Cristina Moreno fue un verdadero disparate con el que pretendía vulnerar los derechos fundamentales de la oposición, dejándonos sin recursos para cumplir con nuestras obligaciones".
En este sentido, recuerda que "Moreno prorrogó los acuerdos de 2011 aplicándolos a una corporación, la de 2015, completamente distinta a la que existía hace cuatro años".
Por su parte, el portavoz de In-par, Juan Carlos Ramírez, ha manifestado que la decisión de la alcaldesa socialista "nos pareció una brutalidad legal y una desvergüenza política sin precedentes".
Ramírez recuerda que "les apoyamos en la investidura porque pensamos que podrían actuar de una manera distinta, pero lo que han hecho es asegurarse ellos el sueldo, mientras la oposición y trabajadores de empresas municipales como Savia y Adesa llevan cuatro meses sin cobrar".
Si el juez determina que el recurso sigue adelante los 7 concejales del Equipo de Gobierno podrían dejar de cobrar cautelarmente hasta la resolución definitiva.
"Si se impugna el decreto, tendrían que quedar también sin validez -según la portavoz popular- los decretos sucesivos dictados por el segundo teniente de alcalde para la ordenación de los pagos, así como las nóminas correspondientes".
Respecto a cuando se retomarían las negociaciones, la alcaldesa les comunicó a los portavoces que habría una reunión después de las fiestas del Motín, sin embargo, a día de hoy esta no se ha convocado.