La Comunidad de Madrid ha aprobado definitivamente la modificación del desarrollo urbanístico del ámbito de Las Cabezadas en Aranjuez, tras seis años de silencio administrativo.
La publicación de este trámite en el Boletín Oficial de la Comunidad supone, según la alcaldesa de la ciudad, Cristina Moreno, "que el Ayuntamiento de Aranjuez siempre cumplió con sus obligaciones, que siempre hicimos lo que teníamos que hacer y que la responsabilidad patrimonial que exigía la empresa no existe".
El área de Las Cabezadas fue incluida en el Plan General de Ordenación Urbana en 1996 y la adjudicación de su desarrollo a la empresa Isolux se produjo en 2003, contemplándose entonces la construcción de viviendas e instalaciones deportivas, entre ellas un canal de remo, ya que entonces Madrid aspiraba a ser sede olímpica.
Con la llegada del PSOE al poder ese mismo año se modificó el convenio con la empresa, de modo que el consistorio recibió un 10% de aprovechamiento de viviendas protegidas y 24 millones de euros como participación de los beneficios que obtuviera la adjudicataria.
Sin embargo, la Comunidad de Madrid exigió una modificación del Plan de Urbanismo, aduciendo que el suelo tenía interés edafológico (botánico), pero no ha sido hasta ahora cuando ha dado luz verde a la misma.
Moreno ha acusado al Gobierno Municipal anterior del PP -dirigido por María José Martínez- de "haber hecho dejación de funciones" y al de la Comunidad -presidido por Esperanza Aguirre- de llevar a cabo "una maniobra política".
"Afortunadamente -ha añadido- las cosas están cambiando en la Comunidad de Madrid, donde hay un gobierno sensato con el que queremos trabajar para acondicionar el desarrollo de Cabezadas a las actuales necesidades de la ciudad".
La alcaldesa ya ha mostrado al viceconsejero de Ordenación del Territorio, Miguel Ángel Ruíz, su intención de colaborar.
Aunque esta aprobación obliga a la adjudicataria "Las Cabezadas S.L"(antes Isolux) a cumplir con el contrato en los términos en que fue suscrito, continúa en los tribunales la denuncia interpuesta por la empresa contra el Ayuntamiento por los prejuicios que le supuso la paralización del desarrollo.
El consistorio ribereño fue condenado a devolver a la adjudicataria 12 -de los 24 millones- que esta ya había depositado en las arcas municipales, aunque dicha sentencia está recurrida ante el Tribunal Supremo.
Además el desarrollo de Las Cabezadas estaba vinculado al pago de una sentencia de los años 80 y a hacer frente de las expropiaciones del Raso de la Estrella.