Margarita Martínez. El Gobierno Municipal del PSOE tiene previsto subir el IBI en torno a un 5% hasta el año 2021 para afrontar el nuevo plan de ajuste propuesto por el Ministerio de Hacienda para los ayuntamientos que tienen graves dificultades crediticias. Para ello, proponen incrementar el impuesto hasta 2021, año en el que volvería a descender hasta los niveles actuales. Sin embargo, no parece probable que la propuesta de los socialistas vaya a salir adelante, a juzgar por las intenciones de voto manifestadas hoy por los grupos de la oposición en las comisiones informativas previas a la celebración del pleno -previsto para el próximo 9 de agosto-.
En dichas comisiones el PP, Acipa y Aranjuez Ahora (a excepción de la concejala Maribel Peralta, que en principio se decanta por la abstención) han manifestado su intención de votar en contra de la subida no solo del IBI sino de otros impuestos y tasas. Ciudadanos, de momento, ha formulado la abstención, aunque no descarta el voto en contra, y faltaría por conocer la intención de In-par, ya que su portavoz no se encontraba hoy en la comisión por hallarse de vacaciones.
También se ha planteado hoy en la comisión la posibilidad de destinar un 40% de la inversión del Prisma que aprobará la Comunidad de Madrid a gasto corriente (principalmente a nóminas), algo con lo que la oposición no está de acuerdo en términos generales.
Acipa se ha mostrado dispuesta a aceptar hasta un 25% pero no el 40% que propone el PSOE. El PP considera que este dinero tendría que dirigirse a cubrir obras básicas y a otras inversiones, como la rehabilitación de la Casa Atarfe. Ciudadanos también es de la opinión de destinar el Prisma a necesidades de primer orden como asfaltado de calles.
Respecto a la subida de impuestos prevista, Aranjuez Ahora ha emitido esta semana un comunicado en el que insta al Gobierno del PSOE a revisar qué cantidades están pendientes de cobrar antes de proceder a un nuevo incremento.
Así, afirman que “en cada ejercicio de los últimos años se recauda entre un diez y un quince por ciento menos de lo que se reconoce presupuestariamente como derecho de cobro; no es de recibo que este desajuste tengan que costearlo a escote todos los vecinos a través de soluciones 'fáciles' como el IBI, la zona azul o las subidas de tasas básicas”.
Según Arah estaría en torno a los 5 millones de media lo que se ha dejado de recaudar en los últimos ejercicios.